Convivencia Justa y Sana

Bloques de traición

jueves 18 de diciembre de 2008 Opinión Bloques de traición
John Saxe-Fernández
http://jsaxef.blogspot.com
No es asunto menor: se trata de ceder a contratistas y empresas espacios terrestres y marítimos bajo jurisdicción mexicana, sitio de una vasta riqueza de hidrocarburos rescatada en 1938 para el pueblo mexicano por Lázaro Cárdenas del Río, con apoyo de su esposa, doña Amalia Solórzano, de quien hoy lamentamos su ausencia. En silencio y sin debate, bajo una mayoría PRI-PAN que apesta a propina trasnacional, con el alcahueteo de legisladores y políticos de oposición y la ingenuidad de algunos de sus consejeros, la Cámara de Diputados rehusó, tajante, prohibir expresamente el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas a contratistas.
Tal decisión fue celebrada por el primer círculo de Cal derón que desde 2006 dividió el Golfo de México en 239 bloques para, según Fabio Barbosa, de la UNAM, “ser licitados y explotados en lo que llaman alianzas estratégicas con empresas privadas” (Contralínea, diciembre 2008, p.48). Esta proeza antinacional se gesta, según reseña Marcos Chávez, aprobando al vapor que Pemex y los organismos que establezca el Ejecutivo “… podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios contratos y suscribir títulos de crédito… Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”, como el TLCAN. Se añade que, “tratándose de actos jurídicos de carácter internacional (se) podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto” y además se podrán “otorgar…permisos y autorizaciones en materia energética… incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos… se levantará un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras: así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera” (Ibid, p.14 y ss).
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Bajo arrastre de empréstitos del Banco Mundial (BM), PRI y PAN impulsaron reformas estructurales como tapadera legal de inconstitucionales operaciones que van dejando a Pemex como un cascarón al trasladar la gestión operativa a privados y grandes firmas tipo Halliburton y Schlumberger. Con la reforma petrolera en el bolsillo, cúpula y empresas despliegan a directivos y equipos de abogados para incidir sobre decisiones que eventualmente emanarían de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en torno a la “asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos”. Esa comisión fue propuesta hace años por el BM bajo un esquema “regulador” (dominado por las petroleras), utilizado en Texas. Por lo que, como señala Mario Di Costanzo, las concesiones de áreas en el Golfo de México bien “pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima” (ibidem).
La maniobra contra la nación es magna. Recuerdo que en la privatización petrolera en Brasil el BM creó la Agencia Nacional del Petróleo y, como en el caso de la Texas Railroad Comission, sus órganos fueron penetrados por las empresas petroleras, igual que los diputados de la “reforma”, lisonjeados hace pocos meses por el Comando Norte (CN) de EU en sus instalaciones en la Base Aérea Peterson, en Colorado Springs, donde asistieron a un curso para familiarizarse con el CN y enfatizar, dice el Pentágono, “la asociación fuerte de cooperación con México, que es crítica para ambos países: la seguridad de Norteamérica (sic) y el hemisferio”. El CN se encarga de la “seguridad” de Alaska al Suchiate y el Golfo de México. Ahí opera la Cuarta Flota y se localizan los bloques de la traición.

Bancos: detener el abuso

Editorial: La jornada

Las medidas aprobadas ayer por el Senado de la República para atenuar los abusos de los bancos privados son tardías y se quedan cortas, y parecen más destinadas a cuidar a las empresas bancarias de su propia irresponsabilidad que a proteger a los clientes: quedaron prohibidas las prácticas de incrementar los límites de crédito sin autorización de los usuarios y de contratar servicios financieros vía telefónica, y se otorgaran a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atribuciones adicionales, cuando es claro que, más que nuevas facultades, esa institución requiere de voluntad política para ejercer las que ya tiene. En medio de recriminaciones por las presiones de cabilderos enviados por los bancos, los propios legisladores reconocieron la insuficiencia de las medidas y la falta de capacidad o de determinaci ón del Legislativo para poner en orden a las empresas bancarias.
En efecto, los senadores dejaron intacta la parte sustancial de la acción depredadora y usurera de la banca en México: el cobro de comisiones desorbitadas a los usuarios de servicios financieros y el libertinaje en tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. El jueves, en estas páginas, Ignacio Deschamps, presidente de la filial mexicana del banco español BBVA, se manifestó en contra de cualquier regulación en estas materias y opinó que los precios de los servicios bancarios “deben responder al libre comportamiento del mercado”. Tal falacia resulta especialmente insostenible en momentos en que el mundo se asoma a la desolación económica provocada, precisamente, por el “libre comportamiento del mercado”, que ha sido, en realidad, la libertad irrestricta para especular.

El otro Pemex Antisindical

PLAZA PÚBLICA
Pemex antisindical
Miguel Ángel Granados Chapa
4 Dic. 08

El intento de crear una Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros está siendo sofocado por la empresa petrolera nacional con malas artes y falta de respeto al derecho de los trabajadores de confianza a agruparse

En la nueva ley de Pemex, que entró en vigor el sábado pasado, el sindicato petrolero mantuvo el singular privilegio de contar con representantes en el consejo de administración. En el contrato colectivo de trabajo, por otra parte, y mediante usos y costumbres, se expresan muchas otras prebendas (diferentes de las legítimas prestaciones derivadas de una relación20laboral), entre las cuales se incluye el combate a toda expresión de la base trabajadora que cuestione a la dirección gremial, encarnada desde hace tres lustros por Carlos Romero Deschamps. En tal sentido, el pacto no escrito entre la cúpula sindical y la dirección de Pemex incluye aplacar todo intento de rebeldía y, en el extremo, impedir que prospere la tentativa actualmente en curso por crear un sindicato de trabajadores de confianza.

De hecho, ese propósito se logró ya. En marzo pasado, centenares de empleados de Pemex integraron la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que el 29 de abril solicitó registro ante la autoridad laboral, para cumplir el aberrante criterio establecido por la ley según el cual los sindicatos existen no por la voluntad de los trabajadores sino de la burocracia que, en el mejor de los casos, procede con exasperante lentitud. Siete meses después de iniciado el procedimiento respectivo, y no obstante que los solicitantes han satisfecho los requerimientos de la autoridad registral, ésta no ha expedido la patente respectiva, y tampoco la ha negado, en cuyo caso la exigencia de los sindicalistas podría encauzarse por la vía judicial.

Varias veces antes los ingenieros, economistas, administradores, médicos, abogados, contadores, etcétera, que prestan sus servicios a Pemex han procurado organizarse para gestionar los intereses específicos de su categoría laboral. La primera vez que pretendieron hacerl o, en los años setenta, se les forzó a modificar su propósito inicial: en vez de constituir un sindicato autónomo, se les encuadró en una sección especial del STPRM, sujeta a los controles de una dirección corrupta. Tras el golpe de Carlos Salinas a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, la recomposición de fuerzas a que ello dio lugar implicó suprimir dicha sección. Por ello, el afán organizativo de ese sector laboral petrolero se reanimó en diversas oportunidades. En todas ellas, la dirección de Pemex desplegó recursos de mala ley para inhibir y castigar a los promotores de la organización. En 2004, el más acabado intento de organización fue cancelado cuando sus dirigentes aceptaron una conveniente jubilación anticipada que los dejó bien situados ante su futuro individual.

Esta vez la empresa ha acudido a procedimientos más groseros, si cabe, que en el pasado. Aprovechando la parsimonia con que la Secretaría del Trabajo ventila la solicitud de registro sindical (pachorra que cabe suponer convenida con el empleador), la administración petrolera practica varias tácticas disuasivas: ha convencido a algunos miembros de la Unión a que desistan de su pertenencia a ella, mediante la presentación de cartas de renuncia que incluyen la expresión de juicios adversos al intento de organización, como si se tratara de una maniobra de mala fe destinada a dañar a la industria petrolera. A no pocos de quienes persiste n en su empeño de agruparse se les reubica en lugares donde no puedan ejercer influencia sobre sus compañeros o francamente se les despide previo desalojo de su puesto de trabajo y prohibición de ingreso al mismo, cumplidas por la fuerza.

El criterio que rige esas acciones fue expresado al secretario general de la Unión, ingeniero Didier Marquina, por el subdirector corporativo de recursos humanos, Marco Antonio Murillo Soberanis. Según comunicó el dirigente sindical al director de la empresa, Jesús Reyes-Heroles González Garza -en una de varias cartas que no han merecido siquiera acuse de recibo-, el 21 de agosto aquel funcionario, "en un ambiente hostil y agresivo", acusó a los miembros de la Unión "de ser desleales a Petróleos Mexicanos, de buscar dañar a nuestra empresa y de incurrir en soberbia por atrevernos a solicitar un audiencia con usted", lo que en efecto había hecho en mayo el propio Marquina, quien refiere al director de la empresa que Murillo Soberanis "descalificó nuestro derecho de asociación…(y) nos presionó para que retiremos la solicitud de registro que el 29 de abril de 2008, conforme a derecho, hicimos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y para que, a la brevedad y de manera verbal, hiciéramos de su conocimiento tal desistimiento, con la amenaza directa de que pensara en mi futuro y el de mis hijos".

Dijo Marquina Cárdenas en agosto a Reyes-Heroles que les "preocupa e indigna q ue directivos de nuestra empresa se tomen la atribución de conminarnos a que dejemos de ejercer un derecho humano y constitucional", y solicitó al director "su urgente intervención para detener este tipo de actitudes y acciones", ya que está convencido "de que una acción tan sórdida como la planteada por el Lic. Murillo no es la política que se merecen Petróleos Mexicanos y sus trabajadores…".

La reiterada solicitud de audiencia no fue respondida nunca. En cambio, como muchos otros de sus compañeros, Marquina mismo fue echado de su centro de trabajo el 14 de noviembre. A las 14:15 de ese día miembros de los Servicios Especiales de Seguridad Física de Pemex, armados, lo obligaron a salir del Complejo Petroquímico Cangrejera. Usted sabe la causa, dijeron a Marquina. La sabe.

 

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Permiso para el saqueo

Marcos Chávez
15 Noviembre 2008
La paradoja es que, mientras Calderón proclama un triunfo con una reforma que fue la de su opositor, López Obrador no acepta que ha ganado su proyecto. Difícilmente se podrá indicar que con esta reforma no hay un triunfo de la parte que encabezó López Obrador. Saber ganar es parte de la responsabilidad necesaria para mantener la credibilidad”. Carlos Navarrete afirma que es una “victoria del PRD”. Graco Ramírez añade: “Yo no entiendo cómo una gran victoria se quiere convertir en derrota y el derrotado (Felipe Calderón) dice que es una victoria, francamente éste es el mun do al revés. Andrés Manuel debería estar celebrando, porque no es así como lo señala él, es un despropósito lo que está señalando”. Después se baña en incienso y agrega que “no soy traidor, nunca he traicionado mis convicciones. En la reforma no hay ninguna traición; tengo la dignidad y la conciencia limpia”. Ya veremos que tan pulcra la tiene. Asesores del Frente Amplio Progresista, como Rolando Cordera, sostienen que se conjuraron los riesgos evidentes de la privatización. Cuauhtémoc Cárdenas dice que “fue lo mejor que pudo pasarle a Pemex en este momento”. Pablo Gómez, cuya firma legitimó las nuevas leyes, reconoce después de los acontecimientos que el movimiento de López Obrador tiene razón. Felipe Calderón reivindica la reforma como iniciativa suya, mejorada y enriquecida. La considera como un “logro histórico” donde “ganamos todos”, y felicita a los perredistas y demás legisladores por su “patriotismo” y su “visión y altura de miras”.
¿Realmente se logró evitar la reprivatización petrolera? ¿La elite neol ibera l mordió el polvo de la derrota, o es fracaso de los opositores y la nación?¿“Ganamos todos”? ¿O realmente quién ganó y quién perdió?
Explícitamente, panistas, priistas, los traidores perredistas y demás congresistas no se atrevieron a cambiar los artículos 27 y 28 constitucionales, que prohíben las concesiones y los contratos en materia petrolera, así como el manejo exclusivo del Estado sobre el energético. Pero como diría Manuel Bartlett: si están pensando que “es una reforma diferente a la de Felipe Calderón, o se equivocan o no lo quieren ver. La iniciativa de Calderón Hinojosa y la de Manlio Fabio era ampliar las modalidades de contratos; lo lograrán con ese vació legal, que permitirá asignar áreas exclusivas a corporaciones extranjeras”. El argumento de que los cambios no son reprivatizadores es “completamente falaz: hay un gobierno de derecha que viola la ley y lo seguirá haciendo, porque la nueva ley le pe rmite interpretar artículos y disposiciones para la privatización. No cabe la ingenuidad”, concluye Bartlett.
Tiene razón, la reprivatización ya está inconstitucionalmente sancionada en las leyes secundarias. Lo que se aprobó no fue una reforma, fue la “contrarreforma”: la traición a la nación. Es cierto que los depredadores empresarios mexicanos y las trasnacionales querían legalmente la propiedad, los yacimientos, toda la industria petrolera. En eso fallaron los siervos del Congreso. Defraudaron sus voraces apetitos. Sin embargo, como consolación, les aseguraron lo prometido por Calderón-Beltrones. Ello explica la precipitada convocatoria de Carlos Morales, de Pemex Exploración y Producción, para invertir en el sector. No se convertirán, de momento, en propietarios, pero sus servicios serán generosamente remunerados. Georgina Kessel, de Energía, dice que no habrá contratos regionales de exclusividad, pero acepta que, por razones prácticas, s se darán zonas e specíficas de exploración y producción a cada inversionista. Quizá para evitar que, como diría el pueblo, alguien quiera agandallarse. Jesús Reyes Heroles, de Pemex, hace cuentas alegres: en 2008, el presupuesto de 22 mil millones de pesos (MMDP) para 2009 será de 24 MMDP: poca cosa para una “patriótica reforma”. Luego añade que en los próximos dos o tres años estaríamos hablando del doble en el gasto exploratorio. En unos nueve o 12 meses se tendría el primer contrato con los incentivos, destinados a aumentar la participación privada en tareas de exploración y extracción de crudo. Es decir, lo contrario que dice la Constitución. ¿Cuánto de ese presupuesto será repartido entre los empresarios? Reyes no dijo nada al respecto. ¿No que estaban tácitamente prohibidos los bloques y los contratos de riesgo e incentivados como dijeron perredistas y asesores del FAP? Jaime Brito, de la firma consultora PFC Energy (Washington), dice que los empresarios estudiarán las leyes, seguramente para meterse por los resquicios legales reprivatizadores concedidos por los congresistas.
Si Bartlett se refiere a “vac o legal”, el hecho de que los cambios no se impusieron en la Constitución, tiene razón. Por como veremos, en las leyes secundarias no hay vacíos ni resquicios. Alguien dijo que se dejaron muchas “rendijas” o “ambigüedades” a la reprivatización. En realidad, todo está claro. Abrieron las puertas y ventanas. Jaime Brito no tendrá que estudiar mucho las leyes.
Revista Contralínea / México / Fecha de publicación: 15 de Noviembre

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